Este ensayo es parte del trabajo de investigación Políticas públicas de salud y poblaciones indígenas”, que fue financiado por los fondos del proyecto Siembra Democracia. Sin embargo, el punto de vista vertido aquí es exclusiva responsabilidad de la autora.

Resumen
Al parecer la más alta prioridad del gobierno de Alberto Fujimori entre sus políticas de lucha contra la pobreza fue la planificación familiar. Sin embargo, detrás de tal prioridad, al parecer, se encontraba el objetivo de la limpieza étnica. Tarea que fue ejecutada, eficientemente, por un sector de los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, técnicos en enfermería y practicantes) del sistema de salud pública. Al parecer, la gente que no habla castellano fue y es evaluada en el Perú como premoderna, atrasada dentro de la línea temporal del progreso y, en algún, sentido incivilizada. Es así que, Fujimori logró su objetivo de limpieza sin ninguna clase de oposición y, especialmente, gracias a la ayuda proveída por el Plan Verde elaborado por las Fuerzas Armadas del gobierno de Alan García para “lograr” el desarrollo del Perú. Parece que la gente con alguna distinción étnica fue evaluada por el gobierno de García y Fujimori como una población inútil, sin ninguna viabilidad de vencer la pobreza o ser parte de alguna clase de modernización o desarrollo del Perú.

Introducción
En el Sur de los Andes del Perú, específicamente, en las zonas fuera de la ciudad de la ciudad del Cuzco hablar de discriminación o limpieza étnica en los servicios públicos de salud es una cuestión difícil y complicada. Decir que la limpieza étnica fue el objetivo detrás de la planificación familiar puede sonar en un primer momento como un asunto sumamente exagerado, inaceptable e imposible de creer. Pero, los resultados del trabajo de campo de más de un año nos demuestran que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar sirvió como espacio y estrategia para obligar a la gente que solamente habla Quechua a usar una variedad de métodos anticonceptivos o, sencillamente, someterlos a una operación quirúrgica de las trompas de Falopio. Todo ello para controlar los índices de natalidad y evitar el nacimiento de un nuevo infante indígena. Es decir, evitar la reproducción social de aquellos que no hablan castellano.

Esta política de planificación familiar (básicamente control de la natalidad) se facilitó aún más por las prácticas de relaciones de dominación y subordinación existentes entre los profesionales de salud (médicos, enfermeras, obstetras, técnicos en enfermería y practicantes) y los usuarios del servicio de salud a cargo del Ministerio de Salud. Dichas relaciones de dominación y subordinación se entrelazan con una imagen sobre los indígenas como atrasados, salvajes, y restos de gente premoderna. Imagen que, al parecer, fue compartida por el gobierno de Fujimori y casi la mayoría de los médicos, enfermeras, obstetras, técnicos en enfermería y practicantes que trabajan en el sistema de salud pública.

Por lo tanto, no fue complicado para el Ministerio de Salud ejecutar las políticas de Fujimori en materia de “lucha” contra la pobreza a través de la Planificación Familiar. Es decir, sojuzgar y coaccionar a la gente indígena para obligarles a cumplir los deseos del gobierno fujimorista. De esta manera, la limpieza étnica, profundamente sutil, fue ejecutado y, hasta cierto punto, logrado sin ninguna clase de dudas e incubierto con el discurso del mejoramiento de la salud reproductiva de la mujer, a través del cual se estaría asegurando el bienestar total de la mujer. Parece evidente que, tanto para las políticas del gobierno de Fujimori como para los profesionales de salud las distinciones étnicas son vistas como un gran problema y una barrera para conseguir la modernidad y el desarrollo pleno del Perú. Es claro que el camino para resolver tal problema fue decisivo la puesta en práctica de las ideas elaboradas en el gobierno de García. Es decir, de acuerdo al Plan Verde la desaparición sistemática de la población indígena. Ya que Fujimori y compañía, al parecer, carecían de planes e ideas de gobierno.

En la tarea de la limpieza étnica a través del Programa de Planificación Familiar la participación de un sector de los profesionales de la salud fue crucial. Su dedicación en la ejecución del Programa fue de, alguna manera, reforzado no solamente por la imagen que tienen sobre los indígenas, sino por la visión que tienen sobre ellos mismos. De acuerdo a los datos se ven a sí mismos como superiores a los usuarios del servicio de salud y legitiman y naturalizan su superioridad afirmando que éstos, particularmente, los indígenas a quiénes deben de atender, se encuentran en una escala inferior a ellos en lo que se refiere a su grado de “civilización” como humanos. Es más, que son una masa sin sentimientos y sin capacidad para pensar y decidir que es lo mejor para ellos. Esta imagen negativa permite a los profesionales de la salud, no solamente, ejercer dominación sobre los usuarios, sino que les facilitó la ejecución y justificación de la de la planificación familiar sin el consentimiento de los directos involucrados.

Y, finalmente, la atención diaria en el puesto de salud sirve para reproducir relaciones de dominación, lo cual es posible gracias a la seguridad y omnipotencia que sienten los profesionales de la salud sobre sus acciones ya que nadie se atrevería a cuestionar o desafiar. Es importante señalar que esta dominación se entrelaza con la imagen que el gobierno de Fujimori tenía sobre los usuarios indígenas en general, indicado anteriormente, como problema y barrera para el desarrollo. Por lo tanto, no fue difícil imponer el Programa de Planificación familiar sobre la población indígena, sin prestar atención a sus deseos, decisiones y derechos como seres humanos.

La política de planificación familiar
Al revisar los documentos como los Programas de Población nacional, los Lineamientos de Política de Salud y el Programa Nacional de Atención a la Salud Reproductiva de la Familia, entre otros; sobre las cuáles se sustentó las políticas de salud del gobierno de Fujimori, se observa que su prioridad máxima fue la planificación familiar, supuestamente, con el fin de combatir la pobreza y el subdesarrollo y, con tal propósito declaró los años 90 como la década de la Planificación familiar(1).

Tal prioridad se explicita en el Plan Nacional de Población 1991-1995(2) en el que uno de los objetivos fue “reducir la fecundidad mejorando simultáneamente la salud materna”(3) y, en el Plan de 1998-2002 (DS N°011-98-PROMUDEH) en la sección Anexo se argumenta que el crecimiento poblacional debería guardar relación con la cantidad de recursos disponibles y el cuidado del medio ambiente, de manera que el Estado debía obligarse a promover políticas de población que permitan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Pero, en concreto la planificación, en la década de Fujimori significó controlar el índice de natalidad a través de la aplicación de una gama diversa de métodos anticonceptivos como los hormonales: píldoras, inyectables, norplant; los de barrera: Tabletas vaginales, diafragma; los dispositivos intrauterinos: T de cobre y espiral y; finalmente los definitivos: Ligadura de trompas (AQV) y vasectomía. Y, como objetivo del control de la natalidad era “combatir” la pobreza, las acciones de “promoción” de los métodos se concentraron en las zonas urbano-marginales y rurales, ya que eran y son sectores en las que las poblaciones se encuentran en la pobreza y extrema pobreza. Y, para sacarlas de esa situación, la solución era simple: Evitar que se reproduzcan.

La agresiva política del Fujimorato, y los ejecutores de tal política, es decir, el MINSA y los profesionales de la salud (sean técnicos en enfermería, enfermeras, obstetras, practicantes o médicos) no prestaron mucha atención a la calidad y precisión de la información que debían de brindar a los potenciales usuarios. Tal como se pudo constatar en las charlas que ofrecen en los servicios de salud, en las que se informa, básicamente, a las mujeres sobre las diferentes clases de anticonceptivos existentes. Pero, no se ofrece ningún tipo de explicación sobre los cuidados que se debe tener al usar, por ejemplo, la T de cobre, método que requiere de control trimestral para verificar su posición y un aseo vaginal diario para evitar un proceso infeccioso; o el efecto colateral que provoca el uso de la DEPO (inyectable) que es la cefalea; o que la ligadura puede generar una infección generalizada si es que no se toma los cuidados del caso para la cicatrización del corte interno y externo.

Esta falta de información generó que los usuarios quechua hablantes no tomen las previsiones del caso en el uso de un método anticonceptivo en el que su salud era comprometida. Ellos asumieron que los cambios en su salud fue directamente responsabilidad de los profesionales de la salud y, al mismo tiempo, les generó una desconfianza total en los métodos ofertados por el sistema de salud. Por supuesto que la ausencia de información no se debe a que los proveedores ignoren los efectos colaterales o los cuidados que se debe tener al usar un método, sino que no lo dan a conocer, porque en su percepción las usuarias son visualizadas como “mujeres que no saben lo que hacen” y, por lo tanto, no merecerían ser informadas. Es más, en el fujimorato no fue una prioridad informar todo lo concerniente al uso de los métodos de planificación, sino alcanzar las metas estipuladas para cada año.

Metas precisas que buscaba la reducción el índice de natalidad a cualquier costo. En la consecución de tales metas jugó un rol decisivo los Programas del Control del embarazo y del Crecimiento y Desarrollo (CRED) del infante desde el momento de su nacimiento, administradas por los servicios de salud. Programas a las que las mujeres tienen que acudir mensualmente de manera obligatoria, de lo contrario serían sancionadas. A través de estos Programas los profesionales de la salud identificaban a las usuarias potenciales, numerándolas por edad, número de partos y de hijos. Con estas estadísticas las mujeres quechua-hablantes indígenas eran obligadas, la mayoría de veces, compulsivamente a usar métodos anticonceptivos o someterse a la ligadura de trompas. Es evidente que la bandera de la planificación generó niveles de coacción en cascada, desde los niveles más altos de la estructura direccional del MINSA hasta los niveles operativos. Tal como lo expresó un profesional de la salud al recordar algunos detalles de las acciones que realizaron para alcanzar las cifras estipuladas en la ejecución de AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria) durante el gobierno de Fujimori:

Como se puede apreciar, la política de salud del gobierno de Fujimori fue coactiva y obligatoria para las poblaciones de los sectores rurales, especialmente indígenas. Con tal finalidad, incluso el gobierno de la década fujimorista estableció incentivos de 50 soles por cada AQV que los proveedores consiguieran ejecutar.

Los niveles de coacción e intimidación para la “promoción” del uso de los anticonceptivos, también se evidencian en las cifras que se pretendía alcanzar con respecto a la AQV, 150,000 para el año 1997(4) de acuerdo a las metas exigidas por el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Con esta cifra en mente los servicios de atención descentralizados del MINSA, se convirtieron en un centro militar de corte y ligamiento de las trompas de Falopio. Al respecto es elocuente la respuesta que da el médico jefe del centro de salud de Anta(5) a una entrevista que le hiciera la revista Somos (2003: 31) sobre la cruzada de la AQV: “Eran directivas del Ministerio, nosotros éramos soldados”.

Las cifras que tenían que alcanzar -sin importar las posibles consecuencias de salud, conyugales y familiares que tendrían que afrontar en el futuro las usuarias-, halló su sustento no solamente en el discurso de la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la salud de la mujer sino, también, en la definición que pesa sobre los pobladores indígenas de las zonas rurales como símbolos del atraso, restos de lo premoderno y vivir de una manera diferente cuya característica más evidente es hablar una lengua que no es el castellano. Tal como lo expresaron un grupo de profesionales de la salud refiriéndose a los indígenas quechua hablantes: “Esto es nuestro atraso” (Notas de campo 2003). En otras palabras, el objetivo de reducir el índice de natalidad se entrelazó con la visión de “salvajismo” y falta de civilización que caracterizaría a aquellas poblaciones. Lo que se puede apreciar una vez más en la opinión de los mismos profesionales de la salud sobre los usuarios que atienden: “... estos salvajes (...) hasta ahora no se han civilizado. A pesar de que ellos ya viven cerca de la ciudad, pero ellos no se civilizan, siguen salvajes...” (Notas de campo: 2004)

Es más, para el gobierno de Fujimori las poblaciones con alguna distinción étnica no fueron visualizadas como grupos sociales viables, como sujetos de ciudadanía, por lo tanto parte del país. Es lo que queda claro luego de la lectura de la página 26 del último número de la revista OIGA del 12 de julio de 1993 que dedica la edición al develamiento de la alianza entre Fujimori y las Fuerzas Militares para dar el golpe del 5 de abril de 1992 y la manera cómo este gobierno siguió, paso a paso el Plan Verde elaborado cuidadosamente por el Comando Conjunto del Gobierno de Alan García en 1989. En otras palabras, el fujimorato ejecutó sin ningún escrúpulo la propuesta militar de la época de García. Luego de esta edición, el Fujimorato clausuró la imprenta en la que se imprimía la revista y después de estos eventos ninguna otra quiso aceptar la impresión, como consecuencia OIGA dejó de ser editada.

En el Plan Verde, de acuerdo a los detalles ofrecidos por la revista, en el capítulo Problemas estratégicos en la consecución de los objetivos a largo plazo, se contempla como un problema de corto plazo el crecimiento poblacional, en la que explicitan que “...las tendencias demográficas han alcanzado proporciones de epidemia... De nada servirá derrocar a la subversión si seguimos incrementando en 500 mil personas anuales la demanda de alimentos, educación, servicios, empleos, vivienda, agua, energía (...) Ha quedado demostrado la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge, adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes: Utilización generalizada de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias, se facilitará el acceso de grupos familiares débiles a ciertos niveles de bienestar (...) Los métodos compulsivos deben tener sólo carácter experimental, pero deben ser norma en todos los centros de salud la ligadura de trompas (...) Hay que discriminar el excedente poblacional...”(6) (El resaltado es nuestro).

No hay duda de que la imagen de atraso y salvajismo sobre las poblaciones con alguna distinción étnica es compartida entre un sector de los profesionales de la salud, las Fuerzas Armadas de García y el gobierno de Fujimori. Este último fue quien, al final, reforzó tal imagen al ejecutar el Plan Verde que constituyó el pilar central de sus Políticas de Salud Pública. Además, de esta manera resolvió la cuestión del crecimiento poblacional y su falta total de planes de gobierno. El uso del Plan Verde como guía en la salud se puede ver, por un lado, en los objetivos del Plan Nacional de Población (1991-1995) que señala la reducción de la fecundidad con el discurso de “mejorar” la salud materna. Y, por otro, en el Plan Nacional de Acción Mujer y Desarrollo 1998-2002 que reitera la necesidad de “... aumentar [el uso] de métodos anticonceptivos efectivos y seguros mediante la expansión de la cobertura hacia zonas (...) rurales y parejas en extrema pobreza.

Por ello la especial atención que el gobierno de Fujimori prestó a la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) fue estratégica; ya que al enarbolar como parte de su política todo los temas concernientes a la Salud Reproductiva delineados en aquella conferencia, buscó tener un respaldo internacional para las acciones coercitivas que dirigía contra las poblaciones de las zonas rurales, especialmente contra aquellos con alguna distinción étnica. Al mismo tiempo, al incluir como parte de su política la Salud Reproductiva, tendió un velo que no permitiera ver los verdaderos objetivos de su gobierno, es decir la limpieza étnica. Así, todas las acciones en materia de salud fueron justificadas en nombre del logro del desarrollo y modernización del Perú.

La misión de la limpieza étnica a través del discurso de la planificación familiar y el mejoramiento de la salud de la mujer, no fue nada difícil; ya que, al mismo tiempo, el gobierno de Fujimori respondía a los requerimientos de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), quienes priorizan la reducción del gasto social que un Estado podría ejecutar (DESCO 1998: 3). Así el gobierno al disminuir el índice de natalidad también reduciría el gasto presupuestal en ayuda social dirigida a la población de las zonas rurales.

Además, la idea pública de que las poblaciones con alguna distinción étnica constituyen el principal problema reforzó aún más el accionar de los profesionales de la salud y, por tanto, les resultó lícito utilizar mecanismos intimidatorios y coactivos para someter a poblaciones quechua-hablantes a la AQV masiva y otros mecanismos anticonceptivos, con el propósito de reducir la tasa de nacimientos. Hecho que fue mucho más allá de las presiones que ellos mismos recibían del MINSA y de todos aquellos que voluntariamente querían utilizar algún método para no tener más hijos. Así el Programa de Planificación Familiar implicó la reproducción de relaciones de dominación y el ejercicio de prácticas discriminatorias sobre las mujeres indígenas. De esta manera, la consecución de las metas de control de la natalidad, es decir, de la limpieza étnica durante el gobierno de Fujimori fue facilitada en algún grado por los propios profesionales de la salud.

Es más, de acuerdo a la lectura de las Políticas de Salud Pública de la época, las entrevistas con los profesionales de la salud y las observaciones etnográficas en los puestos de salud, el Estado peruano es visto como una entidad que obliga a cumplir metas y cifras mediante los programas, insumos y técnicas que provee. Y, al mismo tiempo, los usuarios indígenas son vistos como objetos, a quienes debería aplicárseles métodos anticonceptivos sin previa consulta y/o consentimiento, sin importar su salud. Esta visión sobre los usuarios es alimentado por el hecho que se los ubica dentro de un tiempo lineal de progreso, de acuerdo al cual se encontrarían en la línea del tiempo del salvajismo y con costumbres salvajes. En suma, gente perteneciente al tiempo de la no civilización.

Finalmente, las Políticas de Salud y el espacio en el que se concretizaron: los servicios de salud, al parecer, consiguieron alcanzar algunas de sus metas como, por ejemplo 109,689 ligaduras de las trompas de Falopio en la zona de los Andes para el año 1997. Esta limpieza étnica fue posible gracias a las ideas compartidas entre los profesionales de la salud, el gobierno de Fujimori y las Fuerzas Militares del gobierno de García.

Notas Explicativas
(1) MINSA. Sub-proyecto: “Apoyo al Programa Nacional de Atención a la Salud Reproductiva en la UTES de Cuzco. s/f.
(2) Plan que se dio bajo el marco legal de la Ley de Política Nacional de Población (N°24077 luego modificada y conocida con el N°26530).
(3) www.crlp.org/pdf/peru.
(4) Aunque solo consiguieron alcanzar la cifra de 109,689..
(5) Provincia que pertenece al departamento del Cuzco.
(6) Para mayores detalles ver la revista OIGA s/n, 1993.

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