Las autoras y sus ensayos
Tanto Rocío Canchari como Yanet Palomino se ocupan del conflicto armado interno vivido en Perú entre los años 1980 y 2000, en relación a cómo fueron afectadas las mujeres, principalmente indígenas. Rocío escribe sobre “La violencia sexual en el conflicto armado en Ayacucho, Perú, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos” y Yanet lo hace en torno a “Las secuelas en razón del género y los derechos humanos de las mujeres”. Por su parte, Ofelia Chirix, a partir del conflicto violento también vivido en su país, reflexiona acerca de “La lucha de las mujeres mayas kaqchikeles por la recuperacion de la memoria de los desaparecidos de San Juan Comalapa, Guatemala”.

Las tres autoras nos hablan de historias y situaciones de violencia muy parecidas, aunque vividas en dos países diferentes pero con problemáticas similares, haciendo incapié no sólo en cómo sufrieron tan cruentos sucesos las mujeres indígenas en ambos países, sino cómo muchas de ellas lidiaron contra la violencia, cómo sobrevivieron al conficto, cómo remontaron tanto dolor y tantas pérdidas, y cómo enfrentaron -y enfrentan- cotidianamente las secuelas de la guerra en contextos de injusticia, discriminación y desprecio en sus propias sociedades, procurando con persistencia justicia y dignidad para ellas y sus hijos.

Como sabemos, en los últimos veinte años Perú vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia, desde 1980. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) indica que hubo cerca de 70 mil víctimas, de las cuales más del 85% provienen de los seis departamentos más pobres del país: Ayacucho, Junín, Huanuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín.

ROCIO CANCHARI

En su ensayo, Rocío Canchari, abogada y activista del movimiento de derechos humanos, hace eco del informe final de la CVR, señalando que la violación sexual ha sido una práctica sistemática y generalizada durante la guerra interna en Perú, uno de los delitos que afectó de manera diferenciada a hombres y mujeres. De los 538 casos de violencia sexual que reporta la CVR, 527 corresponde a víctimas mujeres y 11 se refieren a crímenes contra varones. Los responsables, en su mayoría (83%), son agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Integrantes de Sendero Luminoso incurrieron también en este delito. Unos y otros cometieron sistemáticas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH): masacres y ejecuciones arbitrarias, consecuencia de operativos militares y policiales, de detenciones y desapariciones forzadas de personas.

“La violación sexual, la tortura como medio para obtener información sobre familiares, el reclutamiento forzado para trabajo, las uniones forzadas y el desplazamiento de familias enteras a cargo de mujeres son parte de esas violaciones a sus derechos humanos”, escribe Rocío, quien estudia su Maestría en Derechos Humanos, en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

De hecho, la Corte Penal Internacional establece que la violación y otros abusos sexuales pueden configurar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en determinadas circunstancias. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera a la violación sexual como una forma de tortura.

De acuerdo con la CVR, en su mayoría (73%), las mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos son quechuahablantes de la zona andina, principalmente de Ayacucho (51%); la mayoría son jóvenes (48% tenía entre 10 y 30 años de edad, y el 8% eran niñas menores de 10 años) y tiene mayores niveles de analfabetismo (34%). Se dedicaban principalmente a la agricultura, al comercio y a ser “ama de casa”. Del total, el 80% vivía en zonas rurales.

“El Estado peruano –dice Rocío- pese a conocer las conclusiones y recomendaciones de la CVR, no ha avanzado en investigar y sancionar a los perpetradores de este delito, tampoco ha implementado un plan de reparaciones para las víctimas, evidenciando su insensibilidad y desprecio hacia la población indígena de mi país”. Precisa que frente a los casos de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado interno existe un vacío legal en la normatividad peruana con respecto a violaciones y crímenes reconocidos en el DIDDHH como los crímenes de violación sexual. Aunque años atrás se “olvidó” de la “diligencia debida” en materia de derechos humanos, el Estado peruano sigue teniendo una deuda con las víctimas de la violencia, pues, es su deber hacer justicia, investigar con los medios y mecanismos a su alcance, las violaciones a los derechos humanos, a fin de identificar y sancionar a los responsables. Ella finaliza con un conjunto de propuestas que demandan atención inmediata por parte del Estado peruano.

YANET PALOMINO

Por su parte, Yanet Palomino, trabajadora social y activista del movimiento de derechos humanos peruano, quien actualmente desarrolla sus estudios de Maestría en Ciencias Políticas, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, subraya la deuda pendiente que tiene el Estado peruano con los afectados y afectadas durante el conflicto armado interno, el cual, para desgracia del país, se sustentó en la discriminación y exclusión social, étnica, cultural y política, aún vigentes, ya que entre las principales secuelas en razón al género se encuentran: la acentuación de la división sexual del trabajo y la sobrecarga femenina, la desintegración familiar producto del desplazamiento y el traslado de los grupos familiares a cargo de mujeres solas.

De hecho, “el sistema de género esta caracterizado por la desigualdad, las relaciones jerárquicas y la discriminación, sustentado en un orden social con mecanismos de autoridad y de poder”. Por eso, es muy importante hacer este tipo de análisis de género, como los que nos proponen Yanet, Rocío y Ofelia, pues ello permitirá conocer elementos necesarios para diseñar e implementar políticas públicas acordes a las demandas reales y a las necesidades específicas respecto al género, como la reparación y la prevención, para que lo vivido cruentamente en Perú y Guatemala no se repita. En este sentido, pese a los esfuerzos de la CVR por lograr una mirada de género, es oportuna esta aguda crítica que hace Yanet: “Si bien fueron mujeres, en su mayoría, las que prestaron sus testimonios a la CVR, sus denuncias y sus gestiones siempre estuvieron orientadas a visualizar lo que ocurrió al otro -sus hijos, su esposo, la comunidad. Esto no permitió documentar fehacientemente cuan grave fue la afectación en razón del genero, principalmente en las mujeres, consecuentemente no contamos con los elementos y las estrategias necesarias para que ellas procesen esta situación”. Además, Yanet llama la atención sobre la no presencia real o significativa del Estado en las zonas más pobres del país actualmente, puesto que aún donde hay algunos programas sociales, éstos no significan desarrollo y atención de las necesidades de quienes más lo necesitan.

Yanet, quien trabaja desde hace 18 años en una organización no gubernamental (Ong) peruana especializada en temas de violencia política, señala que fue principalmente Sendero Lumino el que sometió a las mujeres a un régimen de terror y obediencia, usándolas para el servicio doméstico y sexual de los “guerrilleros”. Reclutaron a niñas y jóvenes mujeres, a quienes obligaban a realizar diversos trabajos y las forzaban a uniones no deseadas, siendo muchas veces víctimas de asesinatos indiscriminados. Manifiesta que la violación sexual fue una práctica utilizada como un arma de guerra, uno de los delitos que no ha sido denunciado justamente por la estigmatización social vigente y los traumas psicológicos que generó. “Ellas fueron utilizadas como un medio para hacer hablar a los hombres detenidos, a los sospechosos de actos subversivos. Muchas también vieron afectadas su afectividad”.

Finalmente, de manera oportuna, resalta que las mujeres y los hombres de las zonas andinas no sólo fueron víctimas de la guerra, sino que también se involucraron en el proceso de pacificación del país: “las mujeres asumieron roles protagónicos en la defensa de los derechos humanos, la vida familiar y comunal durante el conflicto, y buscaron alternativas para la resolución de las secuelas en la fase de post conflicto”. Ellas transitaron de su tradicional rol de madres, esposas e hijas a la movilización para denunciar y pedir justicia en la esfera pública. Fueron las mujeres las primeras que se organizaron para buscar a sus familiares desaparecidos. Tras el camino recorrido, en medio de la discriminación, el abandono y la indiferencia, han aprendido a reconocerse sujetos de derecho y a exigir justicia. “En medio del dolor y la injusticia, las mujeres adquieren conciencia de la ciudadanía, definida como “el derecho a tener derechos”. Yanet culmina haciendo algunas propuestas desde el espacio en que se mueve: las Ong.

OFELIA CHIRIX

En la actualidad, Ofelia Chirix, antropóloga y activista del movimiento indígena de su Guatemala, estudia su maestría en el Programa de Posgrado en Estudios de Género y Cultura en la Universidad de Chile, donde investiga sobre el racismo dentro del sistema sexo-género. Su análisis lo relaciona con el tema de la memoria tras el violento conflicto vivido en Guatemala, preocupándose sobre todo por las mujeres indígenas y su infinito duelo por sus desaparecidos. “La sociedad guatemalteca –expresa Ofelia- todavía no ha logrado recuperarse del conflicto armado, quedan muchas heridas sin sanar, y enfrenta una serie de problemas a nivel económico, político, cultural, social entre otros, que golpea a la gran mayoría de la población que es maya”

Como en Perú, en Guatemala también se produjo genocidio y etnocidio, como una política contrainsurgente por parte del Estado. Durante el conflicto armado se desarrollaron formas de violencia específicas contra las mujeres. No obstante, Ofelia resalta también que en Guatemala las mujeres kaqchikeles viudas, hermanas, abuelas e hijas de San Juan Comalapa, organizadas o no, han enfrentado de diversas maneras el dolor, la tristeza y la pobreza. La búsqueda de los detenidos-desaparecidos ha sido una lucha constante de las mujeres. “Existieron masacres, violaciones sexuales, torturas y extorsiones haciéndoles creer que la victima estaba viva y ellas que han sido en mayor medida sobrevivientes, han tenido que enfrentar en condiciones muy precarias las consecuencias de la violencia”.

Como secuela de la violencia, las mujeres indígenas víctimas de la guerra en Guatemala, no se han amilanado, a pesar de seguir siendo el grupo más discriminado en el país. Sin embargo, ellas persisten en su lucha por justicia, arrancándole más de un soplo de esperanza a la vida, procurando el sustento diario desde el sector informal de la economía, vendiendo en el mercado o en los rincones de alguna de sus calles; o también desde el campo, labrando la tierra en busca de un futuro con mejores condiciones de vida, para ellas y sus hijos e hijas.

En Guatemala, el Estado también tiene una deuda pendiente con las víctimas de la violencia, sobre todo de las mujeres indígenas. No se puede subestimar los efectos de la guerra, toda vez que entre las secuelas, muchas mujeres aún viven el miedo, la tristeza, la soledad, el duelo y la injusticia, y necesitan de apoyo psicológico y social concreto, como insiste Ofelia.

Prioridades en la lucha por los derechos humanos
Como una forma de terminar esta presentación, me gustaría registrar lo que nuestras agudas autoras me contestaron cuando les pregunté sobre las prioridades en la lucha por los derechos humanos que ellas observaban hoy en nuestros países, a partir de sus activismos, trayectorias, experiencias y estudios actuales. Para Ofelia, su prioridad es la lucha contra el racismo y la discriminación, “porque el racismo tiene un origen colonial y la discriminación está enraizada en la estructura de la sociedad y del Estado". Ella demandó evidenciar las nuevas caras del racismo en un país neoliberal como Chile donde estudia, “porque hay una valorización a la blancura y el racismo se evade”. También llamó la atención sobre la globalización excluyente y la doctrina de la seguridad global que fortalece fenómenos socioculturales de racismo, discriminación y xenofobia, “porque la homogeneización cultural configura los procesos de globalización, que están llamados a silenciar y aplastar las diferencias”.

Yanet demandó una mayor incidencia política a favor de políticas públicas en educación con perspectiva de género, y mayor participación social y política: “Existe una escasa sensibilidad y compromiso no sólo del Estado sino de la sociedad civil en su conjunto frente a las/os afectadas/os afectados [del conflicto armado interno peruano] en una situación de marginalidad. La categoría de género no se toma en cuenta, tanto en el análisis y comprensión del problema y más aún en el diseño e implementación de las políticas de reparación y prevención”. De hecho, la educación es una vía fundamental si de verdad se quiere contrarrestar las normas sociales asociadas a diferentes roles de género. Otra prioridad para Yanet es la desigualdad en el mundo globalizado: “El incremento de la desigualdad en el mundo donde amplios sectores están formando parte de los excluidos y que son los “menos” numéricamente hablando los que gozan de los avances de la modernidad. Debido a esa desigual distribución que se da en el mundo globalizado es que encontramos los excluidos de los excluidos que ni siquiera pueden atender problemas básicos como la alimentación, la salud y la educación”.

En opinión de Rocío, urge trabajar comprometidamente para lograr la plena vigencia de los derechos fundamentales y alcanzar justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante los conflictos armados internos, como los acontecidos en Guatemala y en Perú. “Contribuir en el proceso de esclarecimiento, investigación y judicialización de casos de violación a los derechos humanos ocurridos entre 1980-2000 a través de propuestas sostenibles y con reformas legislativas conducentes a reparar y restablecer condiciones, derechos, oportunidades y calidad de vida perdidos por efecto de la violencia, discriminación y exclusión social encaminada a la edificación de una sociedad más justa, humana, democrática y participativa”. “Coadyuvar de manera activa, comprometida y conjunta con instituciones públicas, privadas, ONGs de DDHH y organizaciones de la sociedad civil, a través de instrumentos y mecanismos legales y eficaces basadas en una lógica de igualdad real entre hombres y mujeres que posibilite y garantice el máximo disfrute de los derechos fundamentales a tod@s sin exclusión ni discriminación alguna...”.

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