Contextualizando el conflicto armado interno
El Perú vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia por casi 20 años, desde 1980. El CAI si bien llego a afectar a casi la totalidad del país, tuvo como escenario central a las zonas rurales más pobres del país. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación(1), hubo aproximadamente 69,280 víctimas(2), de las cuales más del 85%(3) son, coincidentemente, de los seis departamentos con los índices más altos de pobreza: Ayacucho, Junín, Huanuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín. Las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores del conflicto fueron: 46% provocadas por el PCP-SL; 30% provocadas por agentes del Estado o fuerzas contra subversivas (incluyendo comités de autodefensa y grupos paramilitares) y 24% provocadas por otros agentes o circunstancias (MRTA, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado)(4). Sin embargo, no existen cifras oficiales ni un registro de víctimas que dé cuenta del universo total de las mismas, tanto a nivel individual como colectivo en el ámbito nacional.

Las víctimas se concentran en las zonas rurales, son población campesina y nativa de estos departamentos. Fueron los distritos y comunidades más pobres, quechuahablantes o de dialectos nativos los afectados. Después del conflicto quedaron más pobres que cuando éste se inició. Las comunidades fueron arrasadas, las autoridades asesinadas, la infraestructura destruida. Las comunidades vieron su organización debilitaba, la mayoría de los hombres y jóvenes fueron desplazados en resguardo de sus vidas; hubo comunidades totalmente abandonadas. Sus condiciones estructurales, físicas, sociales y psicológicas -tanto comunal como familiar y personal- se desarticularon de modo temporal o permanente.

Por muchos años, hasta que las acciones subversivas llegaron a la capital, nadie se preocupó de detener estos crímenes y violaciones de los derechos humanos, puesto que lo vivían ciudadanos y ciudadanas de segunda o tercera categoría(5) que no tuvieron la posibilidad de contar con un canal de comunicación con el resto de la sociedad peruana y menos internacional. En estas zonas no había presencia real o significativa del Estado. Donde lo hubo se caracterizó por ser abusivo y de atender los intereses de los sectores que ostentaban el poder económico. Esta situación se mantiene en la actualidad, aunque haya una mayor presencia a través de algunos programas sociales aún no se percibe a un Estado que signifique desarrollo, atención de las necesidades de los que más lo necesitan. Los servicios brindados son de pésima calidad. Sigue siendo una población excluida y marginal. Es una población que no ejerce su ciudadanía.

Papel de mujeres y hombres en el conflicto armado interno
Las relaciones entre hombres y mujeres no han sido justas ni equitativas antes, durante ni después del conflicto armado interno. El sistema de género esta caracterizado por la desigualdad, las relaciones jerárquicas y la discriminación, sustentado en un orden social con mecanismos de autoridad y de poder. Los crímenes y violaciones a los DD.HH. que se ejercieron sobre mujeres y los hombres se basaron en situaciones previas de inequidades de género, étnicas y sociales. El CAI acentuó, profundizó y en ocasiones transformó esas relaciones basadas en la desigualdad.

Para los actores del conflicto existió una valoración diferenciada respecto al papel de hombres y mujeres. Así, las mujeres no constituyeron un objetivo central, en razón de una sub-valoración como actoras activas y protagónicas, en tanto no las consideraron ni peligrosas –por parte de las fuerzas armadas- ni útiles como lideresas, por parte de los grupos alzados en armas. Desde el lado de los grupos subversivos, principalmente por parte de SL, las mujeres fueron, en primer lugar, sometidas a un régimen de terror y obediencia, fueron usadas para el servicio doméstico y sexual de los “guerrilleros”, muchas veces como sus guardias de seguridad. Las niñas y jóvenes fueron reclutadas para ser parte de ellos obligándolas a realizar trabajos diversos, forzadas a uniones no deseadas, muchas veces víctimas de asesinatos indiscriminados(6).

La violación sexual particularmente fue una práctica utilizada como un arma de guerra. Fue una violación a los DD.HH. cuyas víctimas fueron mayoritariamente mujeres. Mientras miembros de las FF.AA. las violaban, los de SL las quemaban, las asesinaban torturándolas. El total de casos de violación sexual reportados es de 538, de los cuales 527 corresponden a víctimas mujeres y once tratan de crímenes contra varones. Del total de casos contra mujeres reportados a la CVR, el 83% es responsabilidad de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Muchos de estos delitos no han sido denunciados por la estigmatización social existente y los traumas psicológicos que generaron. Mientras los asesinatos de los hombres fueron más selectivos, los de las mujeres fueron más indiscriminados. Ellas murieron como parte de una población civil desprotegida y atacada injustamente. En el caso del reclutamiento forzado perpetrado por los grupos subversivos sí se ha encontrado una «selectividad» de mujeres adolescentes.

Es importante resaltar que las mujeres y los hombres de las zonas andinas no fueron sólo víctimas de la guerra, también se involucraron con el proceso de pacificación del país. Las mujeres participaron en los CAD(7), defendiendo los derechos humanos y afrontando la supervivencia de los miembros de la familia y de la comunidad. Así, las mujeres asumieron roles protagónicos en la defensa de los derechos humanos, la vida familiar y comunal durante el conflicto, y en buscaron alternativas para la resolución de las secuelas en la fase de post conflicto.

Un fruto inesperado del conflicto, como dicen algunos analistas, fue la salida pública de las mujeres andinas quienes se vieron “obligadas” a transitar abruptamente del espacio privado, invisibilizado, a una creciente participación en el espacio público, que por las características del CAI implicaba una dimensión colectiva. Desde su rol aparentemente “tradicional” de madres, esposas e hijas, ellas buscaron justicia y se enfrentaron al espacio público institucional. Las organizaciones vinculadas a la búsqueda de familiares y desaparecidos fueron impulsadas por mujeres que buscaban a sus esposos, padres hermanos e hijos de manera desesperada. Son principalmente las mujeres quienes se movilizaron para denunciar y pedir justicia. En este camino los aprendizajes han sido muchos, pues, al lado de la discriminación, el abandono y la indiferencia, ellas han ido aprendiendo a reconocer sus derechos y a exigir justicia. Aquí destacan La Federación de Clubes de Madres de Ayacucho –FEDECMA(8)- quienes levantaron el lema “Porque damos la vida, la defendemos”; nace y se expande en pleno proceso del conflicto llegando a ser un importante actor social y político, al igual que la Organización de Familiares de Desaparecidos, ANFASEP, quienes hasta hoy claman justicia y reparación, bajo el lema “Vivos los llevaron, vivos los queremos”.

En el caso de las mujeres desplazadas también se observa la emergencia de liderazgos y organizaciones en las cuales se generan procesos de aprendizaje social y construcción de sujetos. En medio del dolor y la injusticia, las mujeres adquieren conciencia de la ciudadanía, definida como “el derecho a tener derechos”.

Secuelas diferenciadas
El conflicto armado interno que se desarrolló en Perú afectó de manera diferente a hombres y mujeres. La situación y posición que ocupaban hombres y mujeres condicionaron su participación y también las formas de afectación en cada uno de ellas y ellos.

Las principales secuelas en razón al género fueron: la acentuación de la división sexual del trabajo y la sobrecarga femenina, la desintegración familiar producto del desplazamiento y el traslado de los grupos familiares a cargo de mujeres solas. Si entendemos que ejes centrales de la feminidad son la maternidad, el trabajo, el cuerpo, la sexualidad y la ética del cuidado podemos deducir las implicancias que estos procesos tienen en su identidad como mujer.

Las mujeres que se vieron obligadas a migrar o desplazarse, se hicieron cargo solas de familias desestructuradas, sin padre y con hijos e hijas que habían sufrido la violencia en carne propia. Estas viudas o esposas de desaparecidos tuvieron que procurar la sobre vivencia de sus familias sin recursos económicos y en condiciones de desarraigo cultural y estigmatización social. Cómo familiares de muertos y desaparecidos, torturados e injustamente detenidos, son parte de los grupos de afectados que sobrevivieron al CAI. No sólo fueron afectadas por la muerte de sus seres queridos sino fueron testigos impotentes de abusos y crímenes que aún no pueden procesar, con un consecuente deterioro de su salud mental, muchas han pasado gran parte de su vida buscando a los desaparecidos, enfrentándose en ese trámite nuevamente a la humillación y la injusticia.

En este proceso ellas fueron también objeto de delitos y violaciones de sus DD.HH.: asedio sexual, violaciones, detenciones, torturas, desplazamientos y trabajos forzados. Ellas fueron utilizadas como un medio para hacer hablar a los hombres detenidos, a los sospechosos de actos subversivos. Muchas también vieron afectadas su afectividad. Una buena parte de ellas manifiesta que nunca podrán rehacer sus vidas con nuevas parejas en tanto legalmente no son viudas “siempre estamos al pendiente que podrían regresar en cualquier momento”, “además nuestros propios hijos no están de acuerdo que tengamos otras parejas mientras no sepamos que realmente sus padres están muertos”(9). El no poder enterrar a sus muertos es otra dimensión del dolor que enfrentan estas mujeres.

Los hombres en cambio, considerados por las FFAA como peligrosos y presuntos miembros de los grupos subversivos fueron los más perseguidos y amenazados por éstos, fueron detenidos muchas veces injustamente, estaban marcados por un estereotipo de masculinidad «guerrera». Fueron los primeros que tuvieron que desplazarse junto con los jóvenes. En términos cuantitativos el 80% del total de afectados por crímenes y violaciones a los DDHH, son varones y sólo el 20% mujeres.

Que se debe y puede hacer
Frente a marginalidad del tema de género en el campo de la reparación; la dispersión y débil incidencia política de los/as afectadas, la poca voluntad política del Estado y débil institucionalización de lo avanzado hasta hoy, el papel de las ONG y organizaciones de la sociedad civil organizada y de derechos humanos debemos comprometernos a trabajar sobre todos esos tópicos como un reconocimiento de la deuda que todos los peruanos y peruanas tenemos con estos compatriotas. Desde el sector de ONG del cual formo parte podemos:
- Hacer incidencia política sobre quienes toman las decisiones, a partir de las experiencias pilotos que desarrollemos.
- Comprometernos a impulsar la consolidación de las organizaciones de afectados, que estas incorporen en sus agendas el tema de género y construyan canales de coordinación entre ellos, en la perspectiva de una agenda común, teniendo en cuenta las particularidades de cada una.
- Incidir para que se incorporen los asuntos de género en las políticas públicas. Uno de los sectores prioritarios debe ser el educativo, de modo que podamos contrarrestar las normas sociales existentes asociadas a diferentes roles de género.
- Difundir las recomendaciones de la CVR, diseñando una estrategia que tenga en cuenta el enfoque de género, intercultural y el de DD.HH., visibilizando los aportes de las mujeres en el proceso de pacificación. Hay que posibilitar que los sectores excluidos y las y los propios afectados se empoderen del informe, reconstruyan su memoria y por lo tanto de su historia. Debemos buscar que fortalezcan su conciencia y voluntad como actoras sociales y políticas.
- Promover que los programas de reparación incorporen líneas específicas que atiendan las especificidades que las afectaron por mujeres, en tanto ellas son las excluidas de las excluidas.
- Potenciar espacios de participación social y política en los espacios locales. Asumir el proceso de descentralización y dentro de ella los presupuestos participativos como una oportunidad para que elaboren propuestas, incorporen parte de sus agendas en la distribución de los presupuestos, que participen en los comités de vigilancia. Que estos espacios sean vistos como de aprendizaje político para su incorporación en espacios regionales y nacionales.

Notas Explicativas
(1) El 28 de agosto del 2003, la CVR concluyó sus labores presentando su Informe Final. Esta contiene una serie de conclusiones y recomendaciones, destinadas a procurar el establecimiento de los mecanismos y políticas necesarias para superar las causas y consecuencias del proceso de violencia vivido en el país.
(2) Punto 2 de las conclusiones en las que se menciona que esta cifra supera el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.
(3) Sólo el departamento de Ayacucho, donde se inicia el conflicto, se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados, según el punto 4 de las conclusiones de la CVR.
(4) Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Informe Final. Anexo 3: ¿Cuántos peruanos murieron?
(5) Un indicador de ello es que no tuvieron la posibilidad de elegir a sus representantes sino hasta el año 1979, en la que los analfabetos obtuvieron el derecho al voto. En las primeras elecciones presidenciales en las que participaron, Sendero Luminoso inició su lucha armada en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, región Ayacucho.
(6) Tratan este tema en el Cap. II sobre “El Impacto Diferenciado de la Violencia”.
(7) De acuerdo con la información procesada por la CVR, existió una división del trabajo en los Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas, los hombres se encargaban de realizar las rondas y mantener las armas, las mujeres se encargaban de la vigilancia, aunque algunas veces también formaron parte de las patrullas, participando en enfrentamientos. Puesto que el objetivo principal era resistir, se adoptó una división de tareas en las comunidades, las mujeres se escondían y vigilaban y los varones patrullaban. Muchas veces las viudas acompañaban a las patrullas y, excepcionalmente las mujeres estuvieron en puestos de dirección de comandos, algunas recibieron entrenamiento en el manejo de armas.
(8) En 1999 contaba con once federaciones provinciales, 1,400 clubes de madres y 80,000 mujeres afiliadas.
(9 Testimonio de una mujer en un taller para el regojo de información para la CVR, año 2000.

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